En ‘sal y agua’ se convirtieron las conversaciones entre el Ministerio Público y la defensa del exsenador, Antonio Soto Díaz, conocido como el Chuchin, para lograr un acuerdo que permita disponer de los cargos de apropiación ilegal de fondos públicos y de evasión contributiva que pesan contra el expolítico.

Así trascendió hoy, martes, durante una vista de seguimiento ante el juez Harry Massanet Pastrana, del Tribunal de San Juan.

Ante la situación, Massanet Pastrana pautó para el próximo 30 de julio una conferencia con antelación al juicio. Ese día las partes conocerán al nuevo juez que atenderá el caso porque Massanet Pastrana se acoge a la jubilación el 30 de junio.

El juicio quedó pautado para el 6 de agosto a la 1:30 p.m.

Repase otras historias sobre el exsenador

Soto Díaz, quien ocupó un escaño por Guayama y renunció al cargo en medio de señalamientos de irregularidades en sus finanzas, enfrenta 13 cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos y 13 de falsedad ideológica, por supuestamente cobrar $2,106 en dietas legislativas, mientras se encontraba de viaje en la República Dominicana.

Por cada uno de los cargos de apropiación ilegal agravada de fondos públicos, el exsenador se expone a una sentencia de 10 años de cárcel, como pena fija y sin el privilegio de una sentencia suspendida o probatoria. 

También encara otros tres cargos de evasión contributiva y tres violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La esposa del expolítico penepé, Agnes Lopés Santiago, por su parte, enfrenta tres cargos de evasión de impuestos cometidos supuestamente en concierto y común acuerdo con su compañero de vida.

El Ministerio Público -representado por los fiscales especiales independientes, Emilio Arill García y Manuel Nuñez Corrada, y el fiscal Carlos Romo Aledo, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia- imputaba a la pareja no reportar un ingreso aproximado de $241,370 en sus planillas de los años 2009, 2010 y 2011 para evitar el pago de contribuciones.

Fuera de sala, el fiscal Arill García se limitó a decir que “no hubo acuerdo. Las conversaciones no surtieron efecto”.

Pero el licenciado Pablo Colón Santiago, quien representa a Soto Díaz, aseguró que las condiciones que procuraba el Ministerio Público eran muy onerosas para su representado.

“De nuestra parte hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que el acuerdo se materializara. Lamentablemente las condiciones me parece que son exageradas, noveles, nunca antes vista”, apuntó el letrado. 

“Yo me arrepiento de no haber visto este caso en el primer señalamiento. Estaba listo para verlo. He dado tiempo para que se materialice un posible acuerdo que pueda disponer del mismo, pero lamentablemente creo que hemos tenido una gran pérdida de tiempo”, agregó Colón.

Apuntó que todavía no se había decidido si el juicio se vería por tribunal de derecho o jurado.

“Eso lo decide el cliente”, indicó.

La licenciada Grisel Hernández Esteves, quien representa al expolítico en el caso de alegada apropiación de fondos públicos, no descartó que solicite la separación de las causas. 

“Sí, eso se va a evaluar”, apuntó.

El Ministerio Público radicó los cargos de apropiación de fondos públicos y evasión contributiva de forma separada, pero se han visto de forma consolidada en las vistas para juicio.

Mientras, Soto Díaz se mostró confiado en que prevalecerá en todos los cargos en su contra.

“Estoy seguro que voy a salir airoso en el nombre de nuestro señor Jesucristo y por eso le servimos”, indicó Soto Díaz a su salida del centro judicial.