Representantes de la clase actoral y de los productores de espectáculos del país expusieron hoy, sábado, sus temores ante la propuesta transformación al sistema contributivo de Puerto Rico, que incluiría la implementación de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En vista pública de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes, la presidenta del Colegio de Actores de Puerto Rico, Anamín Santiago, estableció que el Proyecto 2329, tal y como está redactado, llevaría a la clase actoral y a las producciones en este ámbito a una debacle.

“Una producción cuyo costo (de entrada) hoy es de $25 subiría al menos a $29 con el IVA de 16%. A este precio hay que sumarle el 16%, que en el caso de nuestro Centro de Bellas Artes (de San Juan), vendría obligado a cobrar por boleto, más $3 por servicios de su boletería, lo que pondría el precio final del boleto al consumidor en $36.64”, estimó la actriz. Se trataría de un aumento de al menos $11.64, un 46%, estimó.

Si los consumidores deciden comprar sus boletos por internet, tendrían un cargo adicional de $3.

“Todo esto sin tomar en consideración los costos de estacionamiento, gasolina, y cargos por uso de tarjetas de crédito. Es decir un aumento de inicio en el boleto de admisión de $15”, añadió sobre que lo que costaría un bien que no es considerado de primera necesidad.

“Estos costos ocasionarán la reducción no solo de la cantidad de proyectos, sino la reducción de personal, tanto actoral como técnico en dichas producciones. Esto enviará a los pocos actores y actrices activos que quedan a la fila del desempleo permanentemente y a otros y otras simplemente les asegurara que nunca salgan del círculo de pobreza”, sostuvo para destacar que la mayoría de los actores y actrices no generan más de $20,000 al año.

Santiago fue insistente al decir que el Colegio de Actores desea participar del desarrollo económico y social del país, por lo que presentó sugerencias, como que se exima a la producción teatral de todo pago del IVA y el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) por 10 años.

Al cabo de la moratoria, dijo, se podría establecer un IVA o IVU especial de 2% o 3%.

La actriz también pidió que las compañías teatrales sean clasificadas como sin fines de lucro para poder tener acceso a las subvenciones que ofrece el Estado y agencias y compañías privadas, así como acceso al certificado de compras exentas.

Mientras, el productor Antonio “Tony” Mojena, presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos de Puerto Rico (COPEP), advirtió que un IVA “inutilizaría a la clase artística al extremo de llevarla a su desaparición”.

Mojena enfatizó que será muy complicado para los productores reclamar el crédito por el IVA que paguen a los distintos suplidores, ya que muchos no cuentan con las estructuras para hacer funcionar ese mecanismo.

Cuestionó también las garantías de recobro que tendrían los comerciantes en eventos para los cuáles la entrada sea libre de costo.

“Hay un mundo allá afuera que no es el ‘Choliseo’ y Madonna”, expresó Mojena en un intento por hacerles entender a los legisladores que la mayor parte de la producción de espectáculos en Puerto Rico ocurre en festivales de pueblo, fiestas patronales y clubes nocturnos con bandas locales.

“El aumento en el costo inicial de establecer un evento artístico elimina la viabilidad del mismo en su totalidad”, señaló sobre toda la cadena de pago y cobro del IVA.

Pero destacó que los efectos perjudiciales no serían solamente los altos costos, “ya que al forzar fuera del mercado a los pequeños y medianos productores, las grandes empresas extranjeras son las únicas que podrán organizar eventos en Puerto Rico”.

Las compañías de servicio de televisión satelital, DISH Network y Direct TV Puerto Rico, también consignaron su oposición al proyecto de transformación del sistema contributivo.

El director legal y de recursos humanos de Direct TV Puerto Rico, Luis Montes Morales, estimó que la contracción de la industria de proveedores de televisión tendría el efecto de reducir su base de clientes entre 3% y 5% cada año, lo que a su vez tendría como consecuencia el despido de empleados.

Mientras que DISH, por medio de sus asesores legales externo, Martin Ruano y Ricardo Soto, objetó la rapidez con la que la Legislatura pretende reescribir todo el código fiscal e implantarlo antes del 15 de abril de este año.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Rafael “Tatito” Hernández, dijo que ya ha recibido más de 80 ponencias sobre el proyecto legislativo, por lo que anticipó que sufrirá importantes cambios.

También estuvieron presentes los representantes José “Conny” Varela, Luis Vega Ramos, Antonio Soto, Waldemar Quiles y Pedro “Pellé” Santiago.