Después de una intensa pugna en los tribunales, los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes recibieron, poco antes de las 10:00 p.m. de hoy, martes, copia del borrador más reciente del proyecto de reforma contributiva.

La entrega del documento ocurrió después que la jueza superior Aileen Navas rechazó la reconsideración presentada por el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, al plantear reparos a la orden de la magistrada de entregar el documento de inmediato. Esa determinación se produjo poco después de las 4:00 p.m. 

En horas de la noche, cuando todavía no se había entregado el documento reclamado por el grupo novoprogresista, Navas citó a las partes a una vista de desacato mañana, miércoles, a las 10:30 a.m., en el Centro Judicial de San Juan.

La representante Jenniffer González, portavoz del PNP en la Cámara, divulgó el borrador en sus cuentas en las redes sociales esta misma noche.

“Esto es una burla al país. Es una afrenta al acceso de información”, dijo González a este medio tras recibir copia del borrador, a pesar de la negativa mantenida por Perelló por más de cinco horas, una vez emitida de la orden de Navas.

Al atardecer, una vez se conoció el fallo favorable para el PNP, González acudió a la oficina del presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, para exigir la copia del borrador más reciente de lo que se supone sea la legislación de reforma tributaria, pero no les entregaron el documento en cuestión. Tampoco en la presidencia accedieron entonces al reclamo de los estadistas.

La sentencia estableció que a los miembros de la minoría en la Cámara se les ha excluido del análisis del proyecto de reforma contributiva, y que el borrador que examina la mayoría popular constituye un documento oficial de la Comisión cameral de Hacienda, por lo que debe ser distribuido entre todos los miembros de ese organismo.

“La parte demandada trata de justificar su posición categorizando el documento como uno de uso personal, solo para discusión del caucus del Partido Popular Democrático. Sin embargo, ello resulta en un mero pretexto para evitar circular las enmiendas a los restantes miembros de la Comisión” de Hacienda, reza el fallo de 14 páginas emitido por Navas. 

Perelló hizo constar por escrito antes del anochecer que respetaba la decisión judicial, pero que difiere de la apreciación de la jueza.

“Me reafirmo en que lo que solicita la minoría no procede. Su solicitud pretende acceder a un documento de trabajo propio de los legisladores y del caucus de la mayoría parlamentaria, y que el mismo no es una propuesta ni borrador final, ni ha sido sometido a la Comisión. Dicho documento de trabajo es de consideración individual de los legisladores y el caucus. En la medida que no se ha informado un proyecto o un sustitutivo, estos no pueden tener acceso a un documento de trabajo que no es final y que es para uso exclusivo del caucus del PPD”, dijo el líder cameral. Sin embargo, su argumentación no fue acogida por Navas y al filo de las 10:00 p.m. los demandantes recibieron el documento.

“Si tan bueno es el sistema (contributivo propuesto) por qué tiene que ser un secreto, por qué los legisladores no podemos opinar sobre cuánto es el por ciento de impuesto, sobre cómo va a impactar a cada segmento de las empresas. Es caprichoso y altamente discriminatorio cómo se violenta la Constitución de Puerto Rico, específicamente la función legislativa”, argumentó en la tarde la representante Jenniffer González junto a miembros de la delegación novoprogresista. 

Cuando al atardecer González insistía en recibir la copia del borrador, el licenciado Pedro Ortiz Álvarez, representante legal de Perelló y Hernández Montañez, sometió ante el Tribunal de San Juan una solicitud para que se dejara sin efecto la vigencia inmediata de la orden con miras a presentar un recurso de apelación. 

El abogado de la parte demandada sostuvo que “es altamente probable que en las próximas horas” se presente el proyecto sustitutivo de la reforma contributiva, lo que tornaría el documento público, y garantizaría que la minoría parlamentaria tenga acceso a su contenido.

“Lo que nos parece insostenible y muy peligroso es un dictamen que convierte en documento público o expuesto a los legisladores los documentos que circulan los miembros de un caucus porque eso constituye una violación a la institucionalidad del caucus”, subrayó Ortiz Álvarez en entrevista con este medio.

“Nuestra teoría siempre ha sido que, cuando se presente el proyecto sustitutivo, indiscutiblemente la minoría tiene acceso a cualquier proyecto, lo que había hasta ahora es un borrador del caucus popular, como puede haber propuestas de enmienda en el caucus del PNP, y nosotros no podemos verlas”, añadió el letrado.

Aun con la posibilidad de que, en cualquier momento se presente el proyecto de reforma contributiva enmendado, Ortiz Álvarez estimó que la controversia no se tornaría académica en apelación, pues es una situación que podría repetirse nuevamente en circunstancias en que el caucus maneje información interna.